Las últimas semanas han sido muy complicadas para Alejandro Sanz. A sus problemas de salud mental – anunciados por él mismo a través de su cuenta de Twitter – , su ruptura con la modelo cubana Rachel Valdés después de tres años juntos y una posible estafa en Miami por parte de un conocido, se suma una nueva situación.
El juzgado de primera instancia número 47 de Madrid acaba de condenar al intérprete de Amiga mía a hacer frente a un impago millonario en la compra de unas propiedades de lujo en Miami y prepara el embargo de sus bienes, según avanza en exclusiva el periódico español El Mundo
De acuerdo al medio, la magistrada María del Rocío Montes ha decretado, con el visto bueno de la Fiscalía, la ejecución de una sentencia dictada contra el artista por la Corte de Miami hace dos años por la cual se le condenaba al pago de tres millones de euros a los que ahora tendrá que hacer frente con su patrimonio personal.
Se trata de una antigua casa de estilo colonial construida en 1933 con más de 3.000 metros cuadrados, seis dormitorios, cinco baños, estudio de grabación, piscina climatizada y muelle privado en la zona de Sunset Lake. Por esta casa Sanz pagó 4,7 millones de dólares.
Para articular esta operación, el medio reporta que la entidad Total Bank de Florida otorgó al artista varios préstamos. Los créditos le fueron concedidos a su sociedad española Gazul Producciones, S.L.U., y a Music on Wheels, LLC, esta última radicada en Estados Unidos y que forma parte del grupo empresarial del cantante. Como garantía de los préstamos, Sanz puso a otra sociedad suya establecida en América, Alja Productions, LLC, así como una finca en Miami.
El problema comenzó cuando el músico español dejó de pagar los préstamos que le habían sido concedidos y que la entidad financiera había cedido a su vez a un fondo de inversión americano denominado SHEDDF2. Tras unos primeros intentos de negociación con Sanz para alcanzar una solución, este fondo decidió en noviembre de 2019 poner en marcha un proceso de ejecución hipotecaria para hacerse con las propiedades y ponerlas a la venta. En este procedimiento judicial, que se desarrolló en Miami, las sociedades del cantante ni tan siquiera contestaron la demanda. De ahí que llegaran a ser declaradas en rebeldía por la Corte del condado de Miami-Dade.
De manera paralela al proceso judicial los abogados del cantante firmaron en febrero de 2020 un documento para ceder los inmuebles al fondo SHEDDF con el objetivo de que procedieran a su venta y liquidaran las deudas. No obstante, el conflicto, lejos de solventarse, se agravó todavía más.
La transacción no pudo materializarse, según aseguran a este periódico fuentes próximas a la operación, tanto por el elevado precio exigido por el artista, que pretendía venderlos por unos 14 millones de dólares (el doble de lo que había abonado) así como porque no facilitó toda la documentación para realizar una venta en tiempo y forma.
De tal forma que, al no cristalizar ninguna operación de compraventa, el proceso judicial de ejecución hipotecaria siguió su curso. A renglón seguido la Justicia americana dictó una primera sentencia el 28 de septiembre de 2020 en la que ya se reconocía la existencia de una deuda a nombre de Alejandro Sanz que ascendía a 11.951.895 dólares. Este fallo judicial precisaba que la deuda debía hacerse efectiva con la subasta de las lujosas viviendas y se acabó fijando una fecha para proceder a la misma.