La reforma del Código Penal español impulsada hace unos meses por el Gobierno de Pedro Sánchez, que benefició a varios políticos catalanes juzgados por su implicación en el procés independentista, podría tener una breve vida. La pena máxima prevista para el delito de malversación de fondos públicos, de cuatro años en los casos en que se aplican «tipos atenuados», está por debajo del mínimo planteado hoy por la Comisión Europea en la propuesta de directiva de lucha contra la corrupción adoptada por el colegio de comisarios. De salir adelante el texto en su forma actual, podría obligar a España a revisar de nuevo el Código Penal pues Bruselas propone que se aplique «una pena de prisión máxima de al menos cinco años».
La propuesta de directiva debe ser negociada y acordada por el consejo de ministros de Justicia de la UE y el Parlamento Europeo para entrar en vigor. El objetivo de la iniciativa, ha explicado hoy la Comisión Europea, es armonizar la definición y armonización de penas de todos los delitos relacionados con la corrupción para atacarla desde todos los frentes. Actualmente, la legislación comunitaria solamente cubre el delito de soborno. Con la nueva propuesta de directiva, también estarían incluidos la apropiación indebida, el tráfico de influencias y el abuso de funciones, el blanqueo de capitales, la obstrucción a la justicia y el enriquecimiento ilícito.
